María Jose Ramírez
La Corte de Apelaciones ha rechazado la demanda presentada por Uber contra la Dirección del Trabajo durante el pasado mes de noviembre, en la que buscaba dejar sin efecto el dictamen sobre la ley que regula el trabajo en aplicaciones digitales como la suya. De acuerdo a los expertos, esta decisión podría tener implicaciones significativas para la relación laboral entre la compañía de movilidad y sus conductores en Chile y, además, podría sentar un precedente para futuras disputas legales en la industria.
Lo que exponía la demanda de Uber
La demanda presentada por Uber contra la Dirección del Trabajo de Chile argumentaba que sus conductores son trabajadores independientes y no empleados formales, razón por la cual no cuentan con beneficios o protecciones.
De igual forma, sostenía que éstos se encuentran conformes con el alto grado de autonomía y control sobre el trabajo que les brinda la plataforma, que solo cumple con la función de conectarlos con los pasajeros.
“Estamos convencidos que el dictamen interpretativo emitido por la Dirección del Trabajo es incompatible con la Ley 21.431, ya que es contrario a su naturaleza y pone en duda las certezas que entrega a quienes prestan servicios y a las plataformas”, agregaba de forma íntegra parte del documento.
Gastos de la compañía en disputas legales
A lo largo de los años, Uber ha enfrentado disputas legales en varios países, tales como Estados Unidos (su natal), Reino Unido, México e India. Esto debido a la naturaleza de la relación laboral entre la empresa y sus conductores (como se mencionó con anterioridad), así como a cuestiones relacionadas con la regulación de la industria del transporte y la competencia desleal.
Solamente hasta comienzos de abril del año 2016, sus líderes habían gastado 62 millones de dólares (MDD) para tratar de resolverlas, de acuerdo a cifras emitidas por el diario británico The Guardian.
Argumentos de la Corte de Apelaciones para rechazar el recurso
La Corte de Apelaciones terminó respaldando a la Dirección de Trabajo, tras considerar que actuó “dentro de sus facultades” al elaborar el dictamen que posteriormente fue criticado por Uber.
Aunado a esto, recordó que dentro de las competencias del servicio público está fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social, sin tomar en cuenta las interpretaciones que tengan otros organismos fiscales sobre determinadas materias, excepto cuando que el caso esté sometido al pronunciamiento de los tribunales.
Así ha actuado México al respecto
El Gobierno de Andrés López Obrador ha intentado regular desde varios frentes las aplicaciones de entregas y movilidad en México. Primero aprobó un impuesto del 2 % a aquellas que reparten comida en Ciudad de México. Luego intentó modificar de forma sutil el modelo de negocio de Uber, con lo que obligó a otros los aplicativos móviles de su tipo a darle a sus trabajadores seguridad social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, indemnización por despido injustificado, reparto de utilidades y horas extras, además del Infonavit.
Lo anterior ha producido una doble lectura: mientras el Gobierno mexicano intenta cercar a estas apps, los trabajadores sujetos a ellas manifiestan su disconformidad o al menos así lo evidencia un estudio independiente realizado por Quadrant Strategies, el cual arroja que el 90 % de los socios de Uber prefieren la flexibilidad que la plataforma les ofrece por encima de cualquier otro beneficio.
Imagen: captura / Forager Funds