Cuando la máquina aprende sin pedir permiso: la megarreforma en Chile

El 20 de mayo, la Cámara de Diputados chilena rechazó el artículo 8 de la megarreforma por 104 votos en contra frente a 43 a favor y siete abstenciones, marcando un revés para el Ejecutivo tras una derrota similar una semana antes en la Comisión de Hacienda. La norma que permitía a los sistemas de inteligencia artificial usar, reproducir y entrenarse con obras protegidas sin autorización ni pago a sus autores, parecía enterrada. Andrés Cuché lo tradujo bien en su columna: el rechazo abrió una discusión que el país “necesita tener con más profundidad”, porque el problema, decía, “deja de ser puramente jurídico y se vuelve político”.

¿Qué es exactamente la megarreforma, y por qué el artículo de IA vivía ahí?

Para entender por qué este artículo ha sobrevivido a dos rechazos y va camino a una tercera versión, hay que entender primero dónde está metido. La megarreforma, oficialmente Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, también llamada Ley Miscelánea, es un paquete de cerca de 40 medidas distintas, condensadas en un solo proyecto de más de 200 páginas, estructurado en cinco ejes: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica para la inversión y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Ahí está la clave: junto al artículo sobre propiedad intelectual e IA conviven cosas tan dispares como la exención de contribuciones para adultos mayores en su vivienda principal, la rebaja del IVA a la compra de vivienda nueva, una baja del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% para grandes corporaciones (blindada por una norma de invariabilidad tributaria de 25 años) y una flexibilización de exigencias medioambientales para proyectos industriales. El Gobierno decidió no dividir el proyecto en iniciativas separadas, lo que significa que el Congreso solo puede aprobar o rechazar el paquete completo, artículo por artículo en la discusión particular, pero sabiendo que el resultado final se vota como un todo.

Esa arquitectura legislativa no es un detalle técnico, es una decisión política. Cuando una norma sobre propiedad intelectual y entrenamiento de IA viaja empaquetada junto al alivio tributario para adultos mayores y al financiamiento de la reconstrucción de viviendas quemadas, se vuelve mucho más costoso políticamente rechazarla en bloque. El artículo 8 pudo ser aislado y votado en particular precisamente porque generó suficiente ruido público como para forzar esa excepción. La pregunta que casi nadie hace es: ¿cuántas otras normas menos visibles pasan dentro del mismo paquete sin ese escrutinio, simplemente porque no tienen un gremio con la capacidad de instalar el tema en la agenda?

Lo que la columna original no alcanzó a contar

Pues bien, la política siguió moviéndose, el dato que cambia el tablero y que no estaba disponible cuando se escribió esa columna es que el artículo no murió: mutó. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que insistirá con una “tercera versión” del artículo dentro de la misma megarreforma, después de que la segunda versión (endurecida, con un fondo compensatorio de 70 mil UTM anuales que la Asociación Nacional de Prensa calificó de “expropiación regulatoria”) también fuera rechazada.

El 25 de junio el Senado aprobó en general la megarreforma por un ajustado margen, y Quiroz fue explícito sobre dónde piensa reponer la norma: en ese mismo proyecto. La pelea, entonces, no se cerró en mayo, solo cambió de round.

Esto no es un detalle menor para la reflexión que propone Cuché. Si el Ejecutivo insiste una tercera vez, la pregunta deja de ser “¿se debe permitir?” y pasa a ser “¿bajo qué condiciones exactas, y quién decide esas condiciones?”.

Tres países, tres filosofías distintas del mismo problema

Y ahí es donde vale la pena mirar qué está pasando afuera, porque Chile no está solo en este debate.

En marzo, el Parlamento Europeo aprobó un informe que propone algo que la propuesta chilena no contempla: un registro europeo, dentro de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión, que catalogue las obras usadas para entrenar modelos de IA y a los autores que hayan decidido excluir las suyas. La lógica europea no prohíbe el entrenamiento; exige trazabilidad. Es una diferencia importante frente al enfoque chileno: mientras la propuesta del Ministerio de Ciencia buscaba resolver la “ambigüedad legal” liberando el uso, la ruta europea busca resolverla documentando el uso. No es lo mismo destrabar sin mirar atrás que destrabar dejando un registro de lo que se tomó y de quién.

En Estados Unidos, mientras tanto, el terreno es otro: los tribunales. 2026 se perfila como un año decisivo en los litigios de editoriales, discográficas y autores contra empresas tecnológicas por el uso de material protegido en el entrenamiento de modelos, con fallos que podrían fijar por fin un criterio estable sobre si eso constituye explotación que requiere autorización. Ahí no se legisla primero: se litiga primero, y la ley llega después, interpretada por jueces.

Chile discute si permitirlo. Europa discute cómo hacerlo trazable. Estados Unidos deja que lo decidan los tribunales caso por caso.

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Lo que de verdad estamos protegiendo cuando protegemos “la obra”

Aquí es donde me interesa detenerme, no como abogada (porque no lo soy) sino desde una pregunta que sí me toca: ¿qué estamos protegiendo realmente cuando protegemos “la obra”? El derecho de autor moderno nació pensando en un autor romántico: una persona, una intención, una firma. Pero cuando un modelo se entrena con millones de obras a la vez, no está copiando una firma, está absorbiendo un patrón colectivo, el modo en que una época entera escribió, fotografió o compuso. Ahí el marco legal empieza a cojear, porque fue diseñado para proteger obras individuales, no para regular la extracción industrial de un estilo colectivo.

Cuché lo intuye cuando distingue entre inspirarse y explotar a escala industrial, pero creo que vale la pena ir un paso más allá: el verdadero choque no es solo económico (quién cobra), es sobre qué entendemos por originalidad en un momento en que la maquinaria que “aprende” no tiene biografía, no tiene hambre, no necesita reconocimiento, solo necesita datos.

Una transición justa exige algo más que compensación

Por eso la frase de Cuché sobre “una transición tecnológica justa” me parece el punto correcto, pero incompleto si se queda solo en la compensación económica. Una transición justa también exige transparencia sobre qué se usó y consentimiento real, no solo un fondo de reparación diseñado desde arriba. El registro europeo, con todas sus limitaciones prácticas, al menos intenta resolver la pregunta que la versión chilena todavía elude: no cuánto se paga, sino si el autor supo, siquiera, que su obra fue parte del entrenamiento.

Lo que queda claro, mirando a Santiago, Bruselas y las cortes de Nueva York al mismo tiempo, es que ningún país ha resuelto esto todavía. Y mientras se resuelve, la pregunta que de verdad importa no es técnica ni exclusivamente legal: es qué tipo de cultura queremos que produzca una máquina que aprendió de nosotros sin que se lo pidiéramos.

Imagen: GPT Images 2.0